Una propuesta de constitución feminista, indigenista, con enfoque de género, pero no anticapitalista ni antiautoritaria fue rechazada por una amplia mayoría de las personas con derecho y obligación a votar en Chile. La opción “apruebo” impulsada por, entre otros espacios, el gobierno socialdemócrata progresista chileno quedó devastado por la derrota y la contundencia de esa derrota: 62% vs 38%. Esa diferencia no se la esperaban. Tanto no se la esperaban que impulsaron y sacaron una ley que obligó a votar a toda persona en edad de votar. Hasta que se promulgó esa ley la inscripción era automática al cumplir 18 años, sin tú hacer nada te inscribían en el registro electoral, pero el voto era voluntario. Gracias a eso el abstencionismo había sido el gran ganador en más de una década de elecciones.
Este plebiscito “de salida” formaba parte de la estrategia de institucionalización de un proceso revolucionario que inicio en octubre de 2019 con una estallido o revuelta social que fue noticia mundial. El país fue sacudido por el hecho social más significativo en décadas, quizás medio siglo, todo ello sin partidos, organizaciones, líderes que la dirigieran, guiaran o pudieran sacarle provecho. Fue una revuelta contra todo el estado de cosas y el inicio de un proceso revolucionario que se manifestó en una politización masiva y rápida de toda la población y la organización casi espontanea en asambleas territoriales y demandas colectivas y múltiples de contenido antimilitar[1], antirrepresivo, antielectoral, anti y apartidario[2].
El gobierno de derecha de entonces encabezado por el multimillonario S. Piñera respondió con lo habitual: represión policial y militar, muertes, heridos y detenidos que prontamente se transformaron en presos políticos por acción de las fiscalías. La trágica novedad: la represión policial estrenó el masivo ataque directo a los ojos de quienes protestaban, dejando cientos de mutilados oculares a balazos, algunas de estas personas quedaron totalmente ciega. El proceso revolucionario chileno hacía en esos momentos parte de la primavera andina[3] iniciada en Venezuela en 2017.
La institucionalización del proceso revolucionario (apara controlarlo y aplacarlo) pasó por 1) sostener al gobierno 2) centralizar las demandas en el cambio de constitución 3) desmovilizar a las personas en las calles dejando solo la vía electoral. Lo primero se logró mediante la negativa sostenida de la oposición de llevar a juicio político al presidente represor de entonces, así como de no usar ninguna de las herramientas del legislativo para cambiar intempestivamente al presidente. Al mismo tiempo, en las calles, entre la timidez revolucionaria y la represión policial y militar el pueblo movilizado no llegó nunca a incomodar al Palacio de gobierno. Lo segundo se gatilló desde el comienzo y poco a poco, sobre todo a partir del acuerdo parlamentario del 15 de noviembre de 2019, la idea de un mecanismo electoral para la redacción de una nueva constitución se impuso. Lo tercero se hizo usando la pandemia de Covid[4] para encerrar a la gente en sus casas y dejarlas salir solo para trabajar o ir a votar en el rutinario proceso electoral presidencial y parlamentario.
Finalmente, una Convención Constitucional formó parte de este mecanismo de institucionalización y redactó esa constitución, nueva, bonita, estatista y moderada pero larga y abundante (más de 300 artículos). Los sectores rebeldes y revolucionarios dentro de esa constituyente terminaron cooptados y la dirección de la convención cayó en manos del mismo bloque que había logrado la presidencia de la república mediante el candidato Boric; un bloque socialdemócrata. Apostó el gobierno a un doble juego: finiquitar el proceso revolucionario constriñéndolo a una constitución que renovaba la forma del Estado chileno pera mantener el fondo capitalista, estatista y jerárquico al mismo tiempo que retomaba, con ese triunfo, la iniciativa política perdida por su desempeño errático.
Una fuerte campaña de la derecha política y económica para impulsar la opción rechazo hizo eco en los temores, frustraciones y enojos de una parte de la población contra el texto. Otra gran parte de la población usó el rechazo a la constitución propuesta para decir no a la obligatoriedad del voto, a un gobierno que no se diferencia de los largos 30 años de transición y a una convención que se aisló de los pueblos que hacen Chile y se convirtió en parte de la élite contra la que estalló el país en octubre de 2019.
Pelao Carvallo 8 de septiembre de 2022
Integrante del Grupo de Trabajo CLACSO Memorias colectivas y prácticas de resistencia.
[1] https://radiozapatista.org/?p=36716
[2] https://www.clacso.org/la-influencia-anarquista-en-constituyente-en-chile-analisis-con-ojos-acratas/
[3] https://www.clacso.org/la-primavera-andina-florece-en-pandemia/
[4] https://www.clacso.org/contra-la-revuelta-enfermedad/