* Mauricio Ferrer
*Todo esto sucedió en verdad un día nublado de julio de 2021, lo juro por mi colección de discos y cassettes, valiosos para mí y la plataforma Discogs.
Algo le dijo el hombre que el ego del policía quedó malherido, como diría el roquero mexicano Jaime López en la canción “El hombre de Wall Street”.
Yo estaba a unos metros y no escuché bien lo que la persona (a ojo de buen cubero le calculo unos treinta y tantos) le había espetado al poli, pero, por el movimiento de sus labios, le exclamó algo así como “vete a la verga” después de dejarlo libre porque no le encontraron nada en la conocida jodidamente como “revisión de rutina” que hace cualquier corporación de seguridad de cualquier nivel solo por que sí, porque se les antoja.
La cólera se apoderó del oficial. Con una mano le estrelló la cabeza en la lámina de la patrulla. Con los pies le abrió las piernas tal cual split que inmortalizó Jean Claude en la película ochentera “Contacto sangriento” cuando abría las piernas a 180 grados. En la espalda le clavó una rodilla hasta que lo doblegó. Y con la otra mano, le torció un brazo. En síntesis, lo paralizó. Todo ocurrió aquí, en un lugar del área metropolitana de Guadalajara, de cuyo nombre no quiero ni deletrearlo.
“¡Oiga, eso es abuso de autoridad!”, le grité al que debe hacer valer la ley -apegado a los que marca la Constitución y las leyes en materia de derechos humanos. Ni volteó a verme. Su “pareja” me aseguró que habían recibido un reporte. “Anda agresivo con la gente”, aseveró.
Pero los usuarios que salían del cajero automático, caminaban con tranquilidad sobre la banqueta como Juan por su casa. Los meseros de un restaurante que dejaron sus labores por chutarse todo el chisme, juraron que el detenido no había hecho nada. “Solo anda borracho y pateó la basura”, narró uno de ellos.
Quise tomar un video, pero un familiar con el que iba, me dijo que no, que para que me metía en broncas. Insistí e insistió. Apagué la cámara del celular. Me emputé por no hacer nada frente al sometimiento brutal del gendarme quien, para entonces, ya tenía al hombre arriba de la patrulla, con las sirenas encendidas; el vehículo arrancó y, mientras se perdía lo lejos, todos los testigos observábamos cómo el hostigamiento hacia el arrestado continuaba física y verbalmente. Tal vez se invirtieron los papeles y ahora él era blanco de una amenaza: “¿Ahora quién se va a ir a la verga?”.
Para mi familiar, lo único por hacer era poner una queja ante el llamado organismo defensor de los derechos humanos: la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco, ese tipo de instituciones que solo actúan ante violaciones que le reditúen un capital mediático con el que se elabora un expediente que concluye en una recomendación sin ninguna vinculación jurídica y que se olvida en una nota de no más de dos mil caracteres en la página 12 de cualquier periódico.
“Tiene que venir a ratificar la queja”, comentó el burócrata de la CEDHJ que estaba al otro lado de la línea. “Ey, si ajá, ahorita”, dijo mi familiar. El temor que la policía le hiciera algo le inmovilizó como el del uniforme lo había hecho con el individuo que solo había pateado bolsas de basura -de acuerdo con los chismosos del restaurante-, y que tal vez, había osado mandar “a la verga” a “la autoridad”.
Desde 2019 existe en México una Ley Nacional del Uso de la Fuerza. En ésta se describen las obligaciones y los derechos tanto de la policía como de las personas detenidas.
El artículo 11 de la legislación citada detalla los niveles del uso de la fuerza. En el suceso que presenciamos todos los indiscretos de aquella detención, el policía, se infiere según la legislación, se fue directito al nivel III, el de la “Reducción física de movimientos: mediante acciones que cuerpo a cuerpo efecto de que se controle a la persona que se ha resistido y ha obstaculizado que los agentes cumplan con sus funciones”.
El gendarme ignoró el nivel II (la persuasión o disuasión verbal). Ojo: todo de acuerdo a la Ley que se menciona. Había pasado báscula al sujeto; le esculcó la mochila sin encontrarle nada. Aquí hago una pausa para preguntar a mis contactos de Facebook. ¿Quién no ha sido basculeado? ¿Quién no ha sido amenazado porque le encontraron una bachicha de mota? Al menos en mis tiempos universitarios, tres patrullas y cinco policías en bicicleta, nos pararon a unos amigos y a mí por ir caguamendo y fumando un porro en el auto. “¡Ya maté oficial! ¡Mire!”, exclamó un amigo mientras le enseñaba la lengua quemada por lo último del toque. Gracias a Dios o a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), estamos a un pasito nomás para que se deje de estigmatizar y castigar a quienes fuman marihuana no solo para efectos medicinales sino también porque les gusta y les pega la gana hacerlo.
Supongamos que el policía cumplió con el nivel I de la Ley Nacional del Uso de la Fuerza aprobada por nuestros flamantes diputados (el de presentarse e identificarse como servidor público acorde a las circunstancia, cosas sencillas pues). Pero la revisión de rutina es solo válida en situaciones especiales, como lo determinó la SCJN en marzo de 2018.
Según la Corte, citada por el diario El Financiero el 18 de marzo de 2018, una persona solo puede ser revisada cuando: existe una investigación criminal o en el caso de una “flagrancia” pero solo si la persona coincide con características que lo hacen presunto responsable de un delito (¿andar borracho es un crimen?).
La Ley Nacional del Uso de la Fuerza también establece el tipo de conductas que puede presentar un sospechoso: resistencia pasiva, es decir, que se niega a obedecer órdenes legítimas (en el acontecimiento que presenciamos varios, no había una desobediencia pues el hombre accedió a que le esculcaran la mochila; resistencia activa, cuando se amenaza a la autoridad; y resistencia de alta peligrosidad, cuando la persona de plano es violenta y amenaza con armas a los que ejercen la ley. Nada se menciona sobre mandar “alv” a un agente o de patear cosas inservibles.
A lo largo de la historia se ha registrado como la libertad de pensamiento y expresión de ideas (con las palabras que sean, elegantes o altisonantes) han sido objeto del control gubernamental. Basta recordar cómo en 1971, en el Festival Rock y Ruedas de Avándaro, que reunió a más de 250 mil asistentes y bandas musicales de esa época, Gobernación cortó la señal de transmisión solo porque Ricardo Ochoa, vocalista del grupo Peace and Love, gritó por el micrófono “chingue su madre el que no cante”.
Mucho nos indigna hechos como el de George Floyd, un afroamericano, quien el 25 de mayo de 2020, murió a causa de la brutalidad policial en Mineapolis, Minesota. O de Rodney King, en 1992, víctima del abuso de la fuerza por parte de la policía de Sacramento, California y cuya vida terminó en un ataúd.
En México no molesta (a muchos) ese tipo de actos policiales violatorios a los derechos humanos. Solo si ocurren en el país de las barras y las estrellas o en las naciones de la Unión Europea causa enojo. O de plano nos atemoriza denunciar porque no sabes si al hacerlo serás también víctima de la policía, de la delincuencia, de la corrupción o de la injusticia. Esa línea delgada entre esos elementos es la que en más de una ocasión nos detiene. Al final eres un cómplice ya sea por indiferencia o por omisión.
La impotencia y el encabronamiento te carcome porque no grabaste, porque no hiciste mucho más por miedo (chequen como no escribí detalles, más que nada a petición de quien me acompañaba en ese momento).
Bien podría resumirse todo este capítulo de violencia institucional con la canción Gimme the power de Molotov: “[…] y si te tratan como a un delincuente, no es tu culpa, dale gracias al regente […] si le das más poder al poder, más duro te van a venir a coger”.
Pero también aplica, en los casos en el que el silencio reina, lo que cantaba Luca Prodan, líder de la banda argentina ochentera, Sumo: “[…] pero no, mejor no hablar de ciertas cosas…”.
Así concluye esta crónica de cómo tres palabras encienden el salvajismo de quienes visten un uniforme, usan una placa y portan una pistola.
Ya me voy “alv”.